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Este año ha comenzado con el reestreno en el poder de Lula da Silva en Brasil, poniendo fin a un breve pero controversial mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y a la hora de situar este suceso en un contexto regional, la tentación por agrupar en bloques ideológicos parece inevitable. El retorno de Lula llega a coronar una serie que antes tuvo el juramento del poder de Gustavo Petro, el primer izquierdista en asumir la presidencia en Colombia, la toma de mando de Gabriel Boric en nuestro país y, si queremos ir un poco más atrás, de Alberto Fernández en Argentina. ¿Podemos decir entonces que América Latina ha girado a la izquierda, tal como hace unos años decíamos que había girado a la derecha?

El antropológo y escritor colombiano Carlos Granés se resiste a entrar en esas interpretaciones cíclicas y pendulares porque, dice, lo que ha regido los destinos políticos de América Latina ha estado marcado por algo más profundo y más antiguo. En su celebrado libro “Delirio Americano” -elogiado en Latinoamérica y España como uno de los mejores ensayos del 2022- propone una provocadora interpretación que relaciona la trayectoria de las vanguardias artísticas del continente con los derroteros políticos de sus países.

Hoy en El Café Diario conversamos con Carlos Granés sobre la raíz de su trabajo y lo que fue descubriendo en el camino.

latercera.com/podcast

Unos terrenos adquiridos por el futbolista Arturo Vidal en Coquimbo ahora están en el centro de una investigación de la Fiscalía. Se sospecha de un caso de lavado de activos. En el centro de la trama está Claudio Andrade, 51 años, y declarado culpable en varias oportunidades por estafa y giro doloso de cheques. En 2015 fue condenado a cuatro años de libertad vigilada intensiva por estafar a un empresario francés por US$7 millones en el marco de un supuesto proyecto minero. Andrade no fue encarcelado y tampoco dio luces de la ubicación del botín. En este podcast, contamos su historia y lo escuchamos "vender" el proyecto que ahora salpica al "King".

El trabajo es de Jaime Pinochet y Esteban González. El reportaje está en La Tercera.com

Hace cuatro años, el director de cine Nicolás López fue denunciado por acoso y abuso sexual de parte de un grupo de actrices y modelos.

Su caso se llevó a la justicia y, en abril de 2022, el juez Fernán Rioseco leyó el veredicto que lo declaraba culpable por dos de las seis acusaciones de delitos que se presentaron ante los tribunales. El 16 de mayo, López fue condenado a 5 años y 1 día de presidio efectivo. Esta es una audiohistoria preparada por el equipo de Narrativas Interactivas y la unidad de Investigación y Datos de La Tercera.

Advertencias:

El relato contiene descripciones de abuso que pueden resultar desagradables u ofensivas para quien las escuche, y revictimizantes para quienes hayan sufrido situaciones similares.

Aunque durante el desarrollo del juicio y su cobertura se han conocido los nombres de las denunciantes, hemos tomado la decisión editorial de omitirlos en este relato.

Algunos textos y diálogos han sido dramatizados, ya sea para protección de las víctimas, o porque estos no se encontraban un formato de audio.

Hace cinco años, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki desapareció en Besanzón, Francia. Todos los indicios seguidos por las autoridades locales apuntaban a la responsabilidad de su ex pareja, Nicolás Zepeda Contreras. La investigación reveló un tormentoso romance, la posesiva personalidad del joven chileno y sus sospechosos movimientos por Europa.

"Habitación 106. El juicio a Nicolás Zepeda" es un trabajo de la Unidad de Investigación y Datos y el área de Narrativas Interactivas de La Tercera.

Su llegada al país, hace 10 años, fue un evento continental. Era la primera vez que uno de los festivales de música más importantes del mundo salía de su Chicago natal. Los múltiples escenarios emplazados en el Parque O’Higgins vieron tocar a algunos de los artistas más destacados del planeta, combinados en el cartel con varios músicos locales. Con una fecha definida para marzo de 2022 después de dos años de pausa, todo parecía listo para una nueva versión.

Sin embargo, una objeción levantada desde el nuevo concejo municipal de Santiago cambió la música por una banda sonora de suspenso. A pocos meses de la fecha programada y con pocas alternativas, la administración municipal decidió someter la realización del evento en el Parque O’Higgins a un plebiscito para el cual aún no hay fechas ni reglas definidas. En riesgo no sólo está el festival, sino toda la actividad asociada con sus respectivos réditos para el comercio y los empleos de cientos de técnicos y artistas.

¿Qué tan amenazado está Lollapalooza Chile? ¿Qué significaría que no se pudiera concretar?

El camino del proyecto de ley que permite un cuarto retiro de fondos previsionales ha encontrado mucho más obstáculos que los anteriores. La motivación electoral de sus promotores ha estado mucho más expuesta, y sus costos podrían ser también muchos más altos. La senadora demócrata cristiana y candidata presidencial del Nuevo Pacto Social Yasna Provoste vio en el proyecto una oportunidad de demostrar liderazgo y alinearse con una causa popular. Pero el rechazo de la iniciativa en el Senado, el martes pasado, quedó claro que la suya fue una apuesta arriesgada. Sobre todo considerando el voto en contra de su correligionaria Carolina Goic. La senadora por Magallanes ya había adelantado, en una entrevista con La Tercera, su voto en contra. Aún así, Provoste redobló su apuesta e insistió, sin éxito, en intentar persuadirla.

No fue lo único que tuvo a su equipo sopesando la dimensión electoral de las votaciones en el Senado: el mismo día el gobierno logró la aprobación de la extensión del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, con votos DC. Además, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera aprobada en la Cámara baja fijó otro evento importante en la votación en el Senado, programada para el próximo martes, que obligará a Yasna Provoste a calcular gestos y discursos con un ojo puesto en las urnas del 21 de noviembre.

¿Cómo impacta lo sucedido el martes en el Senado a Yasna Provoste como candidata presidencial?

El lunes y hasta la madrugada del martes vimos de manera dramática cómo un poder del Estado puede usar las herramientas a su alcance para contrapesar a otro. La cámara de diputados aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, en una jornada marcada por el maratónico discurso de más de 15 horas del diputado Jaime Naranjo, a cargo de la acusación, para dar tiempo para que todos los diputados pudieran votar.

Para la oposición fue un triunfo con revestimiento épico, aun cuando en el Senado es muy probable que la acusación fracase, dados los quórums que se requieren. Pero para un buen observador del sistema político fue una oportunidad de reflexionar sobre el Congreso que tenemos y la correlación de fuerzas entre poderes. Y lejos de ser una preocupación académica, ese es un asunto particularmente contingente, ad portas de una elección parlamentaria y en medio del trabajo de la Convención Constitucional, donde la posibilidad de un cambio de régimen ha sido una permanente discusión. Se ha dicho que Chile tiene un sistema “hiper presidencial” y hay quienes han planteado que deberíamos adoptar un sistema parlamentario o semiparlamentario.

Lo que pasó a inicios de semana, sin embargo, es el mejor argumento para no hacerlo, según la opinión del doctor en Ciencias Políticas Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca.

¿Qué aprendimos el lunes y el martes sobre nuestro sistema político?

A primera hora de ayer lunes, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó los primeros resultados de la elección presidencial celebrada el domingo. Con cerca de la mitad de las mesas escrutadas, el presidente Daniel Ortega y su compañera de fórmula, la vicepresidenta y a la vez Primera Dama Rosario Murillo, obtenían en 74.99% de los votos, encaminándose así hacia una segura reelección.

Por supuesto, el resultado no fue sorpresivo para nadie. El proceso del domingo ha sido calificado casi unánimemente como una farsa perpetrada por el nuevo integrante del elenco de los dictadores latinoamericanos. En los meses que precedieron a los comicios, un total de siete líderes opositores y probables candidatos presidenciales fueron apresados, acusados de traición a la patria, engrosando la lista de cientos de presos políticos. Tres partidos políticos fueron declarados ilegales y cerca de 30 líderes civiles y periodistas fueron también encarcelados. Sin observadores internacionales, Daniel Ortega “compitió” -entre comillas- con un grupo de candidatos inofensivos que no representaban amenaza alguna.

A modo de protesta, distintas organizaciones llamaron a los nicaragüenses a abstenerse y quedarse en sus casas. Según la organización independiente Urnas Abiertas la abstención superó el 80%, aunque en los resultados oficiales figuró una participación de un 65% del padrón.

Desde la violenta represión de las protestas del año 2018, que resultó en más de 300 muertos y 1.600 presos políticos, la comunidad internacional ha emitido advertencias e impuesto sanciones económicas contra el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, el sandinista ha seguido en su camino autoritario.

Tras el domingo, los llamados de la comunidad internacional se intensificaron. Un grupo de ex presidentes latinoamericanos, incluido el chileno Ricardo Lagos, propusieron profundizar el aislamiento internacional del régimen. La Unión Europea y Estados Unidos también rechazaron esta “pantomima de elecciones”, como la calificó Joe Biden en un comunicado, y se espera que las sanciones económicas se profundicen.

Pero ¿qué dice de la efectividad de la diplomacia internacional y sus herramientas el hecho de que Ortega haya seguido en su ruta autoritaria?

La idea de que el coronavirus SARS CoV2 nunca se irá del todo parece cada vez más asentada en el mundo. Y como pasa con el resto de los virus con los que convivimos, las vacunas son la principal herramienta no sólo para sobrevivir, sino también para seguir con la vida cotidiana.

Chile cuenta con una de las tasas de vacunación más altas del mundo, superior al 90% de la población. Pero a medida que los adultos y adolescentes se han ido inmunizando, aquellos que no se han puesto la vacuna se transforman naturalmente en la población de riesgo. Y entre ellos, los niños son un segmento particularmente delicado, aun cuando estadísticamente han sido la población menos castigada por el Covid 19.

Desde que el 6 de septiembre el Instituto de Salud Pública aprobó la administración de la vacuna del laboratorio Sinovac, para niños desde los 6 años de edad, la carrera por inmunizar a ese grupo ha avanzado de manera contundente. A la fecha, un 80% de los niños entre 6 y 17 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Un 52% ya tiene ambas.

Sin embargo, hay muchas cosas pendientes considerando la permanencia del virus. Primero, como en todo el mundo, las vacunas han sido aprobadas de emergencia, y para su aprobación permanente se requieren más estudios por un tiempo más prolongado.

En segundo lugar, cuando el ISP aprobó el uso de Sinovac en niños, dejó fuera al segmento de 3 a 5 años, argumentando la necesidad de contar con mayores antecedentes.

El panel de expertos del Instituto adelantó explícitamente que esa información vendría del estudio de fase 3 liderado por la Pontificia Universidad Católica actualmente en curso. Ese estudio, que espera abarcar una muestra de 4 mil niños y niñas, se convertirá entonces en pieza clave para la aprobación permanente de la vacuna en la población infantil.

Conversamos con una especialista que es parte de ese estudio, la doctora Andrea Schilling, investigadora de la Clínica Alemana y de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo.

La sorpresiva alza en las encuestas de José Antonio Kast frente al desplome del candidato oficialista, Sebastián Sichel, ha concentrado la atención cuando se analiza el flanco derecho de la elección presidencial del 21 de noviembre.

Pero hay otro frente donde la disputa entre los dos bloques de ese sector puede tener consecuencias muy trascendentales: las elecciones parlamentarias. Ahí, el bloque de gobierno, Chile Podemos Más, observa con preocupación la posibilidad de una importante merma en su representación.

El Frente Social Cristiano, el pacto de Kast, presenta candidatos en prácticamente todos los distritos del país y en algunas circunscripciones senatoriales. La competencia de algunos de sus candidatos por el voto tradicional de la derecha o bien la dispersión de los votos, que puede resultar en triunfos opositores, representan amenazas reales para el oficialismo.

Mientras los candidatos al Parlamento de la derecha se debaten entre sacarse fotos con Kast o Sichel en lo que queda de campaña, los presidenciables se despliegan telemáticamente desde sus respectivas cuarentenas preventivas por covid-19.

En el fondo de la disputa, un asunto central: los resultados del 21 de noviembre podrían reconfigurar el mapa de la derecha chilena, con la UDI y Republicanos a un lado, y los liberales de centroderecha, como Evópoli y algunos sectores de RN al otro.

¿Cómo se disputará esta “guerra civil” de la derecha en el campo de batalla de las parlamentarias?

El cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones se encuentra en horas cruciales en el Senado. Mientras buena parte de la oposición negocia a contrarreloj para conseguir los votos necesarios para aprobarlo antes de las elecciones del 21 de noviembre, el oficialismo intenta frenar el proyecto, aunque no se descarta que algunos senadores de derecha lo terminen apoyando. Sobre todo los que postulan a la reelección. Es una carrera contra el tiempo, porque el factor electoral está sobre la mesa.

Aunque los técnicos han insistido en que se trata de una mala política pública que seguirá dañando la economía chilena, el nuevo retiro de los ahorros previsionales es altamente popular. De acuerdo a la reciente encuesta de Data Influye, el 71% de los chilenos realizaría el cuarto retiro previsional, aunque esto implique quedar en cero en sus cuentas individuales.

Es ese respaldo popular a una medida unánimemente rechazada por los especialistas lo que condiciona en buena parte los cálculos no sólo en torno a la votación en el Senado, sino también los plazos en los cuales se vote.

¿Cómo están estos cálculos influyendo en la discusión?