Vemos este martes las perspectivas económicas internacionales e internas del año que va feneciendo. En el plano internacional una economía estable pero con riesgos geopolíticos presentes como las guerras comerciales y tecnológicas y las altas tasas de interés. En cuanto a la pequeña economía nuestra el crecimiento en general es satisfactorio; pero al desagregar los datos encontramos el impacto en la generación de empleo no calificado, el hecho de que personas en edad productiva salen del mercado laboral por falta de oportunidades y todo ello refleja distorsiones en la tasa de desempleo. Debido al desempeño general de la producción nacional, la permanente baja del precio del dólar y la creación de nuevas, pero insuficientes fuentes de trabajo, el resultado fue de disminución en la recaudación fiscal, lo que obviamente afecta las finanzas públicas. A este panorama se debe agregar que el país enfrenta una baja competitividad y hay signos de debilidad en la atracción de la inversión extranjera directa. En esas condiciones, ¿cuáles son los desafíos para el próximo año con campaña electoral incluida? Lo conversamos con el economista Gerardo Corrales.

Ante el deterioro de los servicios de salud y la urgencia de reforzar la seguridad ciudadana hay que plantearse, con total responsabilidad, si estamos haciendo bien en privilegiar únicamente la estabilidad fiscal o si debemos obligarnos también a buscar soluciones para resolver el problema de los salarios de sectores esenciales del funcionariado. Es el caso de la renuncia de especialistas médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la dimisión de policías (tanto del Ministerio de Seguridad como del OIJ) que no logran resolver la aplicación de las normas de transición del salario compuesto al salario global. El asunto es complejo. Hay que analizar los desafíos de la Ley Marco de Empleo Público que buscaba (y busca) equiparar los salarios del sector para frenar el crecimiento de los más onerosos que acumulaban anualidades y otras previsiones, con la necesidad de contratar nuevos empleados con un salario competitivo. Pero en el proceso quedaron en entredicho segmentos de funcionarios a quienes se les congeló el estipendio con lo que en la práctica se produjo una discriminación entre las personas que ingresan a trabajar bajo el esquema de salario global respecto de otros que quedaron ganando salarios con el viejo esquema de compensación. La renuncia de médicos especialistas, para ser recontratados un mes después por la Caja, no tiene asomo de solución, con lo cual se agrava la atención de servicios de salud en todo el país. Por su parte, los médicos forenses del Poder Judicial declinaron trabajar horas extras y aunque depusieron su movimiento de protesta no han llegado a un arreglo, de modo que aún se podrían complicar las autopsias y labores periciales que son de su exclusiva responsabilidad. Por otro lado, no resultó suficiente el aumento a los cuerpos policiales de la Fuerza Pública para detener la renuncia de casi 800 oficiales (entre enero 2023 y agosto 2024). Igualmente, se retiraron en el 2023 más de 300 oficiales experimentados por las mismas razones. Para profundizar al respecto conversaremos mañana con el economista José Luis Arce.

Llevamos dos años consecutivos padeciendo una aguda crisis de seguridad ciudadana. Es cierto, los homicidios han disminuido un poco respecto del 2023. A estas alturas del 2024 tendremos el segundo más violento en la historia, con un registro al 5 de diciembre de 807 asesinatos. Bajamos, sí, pero no lo suficiente. Sin duda debemos hacer un esfuerzo mucho mayor por articular las tareas de combate en lugar de continuar la senda de la polarización y las acciones unilaterales del Ejecutivo. El año pasado fueron las polémicas con la Policía de Control de Drogas (PCD) y este fueron los cambios en el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG); primero por trasladar ese cuerpo de Quepos a Pococí, y luego por sacar de Bahía Drake al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES). Las dudas acerca de estas decisiones del Ejecutivo y los enfrentamientos entre Poderes del Estado desembocaron en la conformación de una comisión especial legislativa para investigar los presuntos vínculos del gobierno con el narcotráfico. De fecha reciente otro hecho vino a sumarse a la ya candente discusión: los cambios al reglamento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), policía especializada en operativos de alto riesgo, terrorismo y narcotráfico que opera en el Ministerio de la Presidencia, que le permitirán realizar allanamientos e intervenciones en las comunicaciones por encima de las atribuciones judiciales, tal y como establece hasta hoy la legislación vigente. Se suman a este clima de incertidumbre en las políticas públicas de seguridad, diversas publicaciones de medios de comunicación internacionales que sitúan a Costa Rica como una de las principales rutas y bodegas globales de drogas con destino a Estados Unidos y Europa. Para hacer repaso de este año y prever el próximo conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

Costa Rica tiene dos décadas de aprobar legislación especializada para atender la violencia contra las mujeres. Esto es un gran avance, pero es necesario analizar la eficacia y la efectividad que tiene la implementación de estas normas, para tener la información necesaria y las acciones de mejora que se requieran. Las denuncias por estos delitos se contabilizan y se realiza un monitoreo cada vez mejor, pero el país adolece de información de cómo se judicializan estos casos y cómo responde el Poder Judicial, a los procesos que deben garantizar los mecanismos de aplicación de justicia pronta, cumplida, independiente y equitativa. Con el objetivo de solventar este vacío el Informe Estado de la Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron el “Tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres”, para poder analizar y aportar información en relación con los mecanismos que garantizan el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos de las mujeres en la tramitación de las denuncias penales por violencia. La base de datos usada para el estudio tiene un total de 56.421 registros de expedientes cerrados entre los años 2019 y 2022, Se incorporan los delitos sexuales previstos en el Código Penal y los delitos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, para un total de 12 tipos penales que son más frecuentes. Para ahondar en los resultados, aprender acerca del proceso judicial y ampliar acerca de las recomendaciones que se aportan conversaremos mañana con la coordinadora del Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal.

El Salvador es un país que tiene una de las legislaciones más estrictas en contra del aborto, al prohibir totalmente cualquier tipo de procedimiento. No hay ninguna consideración si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o si este viene de graves delitos como son la violación o el incesto. Se penaliza tanto a la mujer como al personal médico. El caso de Beatriz una joven mujer de 22 años se ha convertido en uno, que tras su vivencia ocurrida una década atrás, es analizado por la Corte IDH para determinar la responsabilidad del Estado salvadoreño ante una violación a sus derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud. Ella fue diagnosticada con lupus eritamoso sistémico, que le provocó complicaciones en su primer embarazo. Tras este el médico le indicó que no podía seguir embarazándose y le programó una esterilización quirúrgica; ella tuvo temor y no asistió. Volvió a quedar embarazada y le advirtieron que ambos corrían peligro. Ella solicitó a las autoridades la interrupción terapéutica del embarazo y se le negó. 10 años después el caso está en la sede de la Corte. Este es un tema que concita a grupos conservadores, religiosos y políticos que se niegan a cualquier tipo de interrupción. El lunes pasado 33 diputaciones rechazaron una moción de la fracción de Nueva República que solicitó al gobierno salirse de la jurisdicción de esta Corte por el caso Beatriz. Para aportar información fehaciente y apartar información parcializada conversaremos mañana con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

Los tambores de la campaña electoral no bajan la intensidad, dada la práctica del actual gobierno de que actos oficiales tengan más de arenga política, que de rendición de cuentas de la gestión. No desaprovecha el presidente Chaves ninguna visita o gira territorial, para seguir en lo que pareciera una permanente plaza pública. Esa forma, esa narrativa y ese comportamiento intenta tapar los resultados del mandato y seguir, a pie juntillas, una estrategia que le rinda réditos de cara a las elecciones de febrero del año 2026. Es por eso por lo que no extrañan los resultados del informe presentado este lunes en la noche, de la firma Economía Hoy, que presentó los datos del estudio “Situación país y coyuntura actual. Suenan tambores electorales”. A la par de la popularidad del mandatario se codean las cifras de las preocupaciones por los problemas que enfrenta Costa Rica en materias como la ola de violencia y criminalidad, los referidos a las circunstancias económicas, de prestación de servicios a la ciudadanía. Para ampliar este informe y poner en perspectiva el arranque del año 2025 en esta materia conversaremos mañana con el consultor, Iván Barrantes Ruiz.

La abolición del ejército, en 1948, es otro de los hechos históricos que han dado fisonomía a la Costa Rica que se ha construido en los últimos 76 años junto al trabajo continuado de defensa de la libertad, la paz, la democracia y el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas. Las décadas de los años 30 y 40 del siglo pasado, un proceso importante de reformismo en el país logró tener una serie de transformaciones derivadas del esfuerzo, de fuerzas políticas y económicas que eran antagónicas, pero que tuvieron la madurez de llegar a dialogar, negociar, ceder y llegar a acuerdos básicos, para sentar las bases de acciones políticas en favor de las grandes mayorías ciudadanas. En ese marco la abolición del ejército vino a sellar conquistas fundamentales en el marco político, electoral, social y económico. Estos acontecimientos han marcado la vida y es parte de la identidad nacional para convivir en paz y en democracia. Hoy Costa Rica sigue celebrando esta decisión, pero nos concitan una serie de desafíos que requieren de decisiones oportunas que nos permitan un escenario de discusión sana y transparente, que derive en acuerdos de preservación y revisión democrática, desde las bases que fundaron nuestra República, de los dilemas actuales que se deben resolver. Una serie de problemas estructurales como la inequidad, altos índices de violencia asociada al crimen organizado, la lucha contra la pobreza, el deterioro del sistema educativo, la calidad de servicios públicos esenciales como la salud son hoy amenazas reales que alejan a parte de la población de una defensa integral de nuestro sistema. Para hacer una revisión histórica del ayer, del hoy y del futuro próximo de esta proeza de abolir el ejército conversaremos mañana con la historiadora, Ana María Botey.

Realizar una revisión histórica para aprender y entender el papel fundamental de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es una auténtica forma de celebrar su 75 aniversario, como uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense. Muchas veces los hitos tienden a ser mitificados, pero al hacer el esfuerzo de conocer los contextos en que se fraguaron, la naturaleza humana de quienes los impulsaron y las fuentes que los nutrieron logramos poner perspectiva real a hechos e instituciones que nos garantizan la convivencia colectiva. El TSE se inspiró en los órganos electorales de Cuba, Nicaragua, Uruguay, Chile y Brasil, que tenían ya raíces en esas naciones y que dieron luz a los constituyentes que perfilaron el nuestro. Y así como es de dinámica la realidad, hoy Cuba y Nicaragua no son democracias a pesar de ser pioneros en la promulgación de las reglas electorales. Instaurado el TSE logró sumar dos características esenciales como son el manejo total del Registro Civil, lo que le ha permitido controlar un padrón electoral que garantiza la transparencia del proceso, así como otras normativas que le da independencia con pesos y contrapesos de los poderes del Estado y cimentando la custodia del derecho electoral de la ciudadanía. Hoy nuestro Tribunal ha servido de inspiración a otros países, como es el caso de Panamá. La garantía electoral y la democracia se deben cuidar, sobre todo en tiempos que campea el populismo y líderes personalistas, autocráticos que ponen en riesgo el sistema, por lo cual es necesario ciudadanos atentos, críticos, comprometidos y que no solo escuchen cantos de sirena, de manera acrítica. Para profundizar este tema conversaremos con base en las reflexiones que, para esta celebración, realizó el expresidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.

Estamos prácticamente en las postrimerías del año y aún no hay una solución para otra crisis que podría darse en la prestación de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué sucede ahora? Pues resulta que centenares de médicos especialistas se verían compelidos a renunciar entre finales de este 2024 e inicios del 2025, para obtener mediante una nueva contratación el acceso al salario global establecido por ley que les mejoraría los ingresos que ahora sí tienen los profesionales que están entrando a la institución bajo esas nuevas estipulaciones laborales. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME) formuló una consulta a 1,150 de sus asociados, y determinó que el 68% de los galenos están ganando por debajo del salario global. Y el 60% de ellos manifestó estar dispuesto a renunciar con tal de resolver su situación, lo que significa que ni más ni menos 680 especialistas podrían abandonar sus labores entre diciembre y enero. ¿Por qué no hay acuerdo? Resulta que después del movimiento de suspensión de trabajo de horas extras del primer semestre pasado, se acordó una mesa de diálogo con las autoridades de la Caja para resolver el problema, pero con tanto sobresalto en la institución, incluyendo la imposibilidad de sesionar por los efectos del caso barrenador, muchos asuntos neurálgicos han quedado irresueltos (al garete). ¿Todavía hay margen para un arreglo? El Ejecutivo no quiere ceder y no parece dispuesto a convocar un proyecto de ley para que los especialistas pasen del salario compuesto al global, así que por esa vía no se ve luz al final del túnel, sobre todo porque estamos en sesiones extraordinarias y Zapote tiene la iniciativa de ley. No obstante, los médicos aún le apuestan a una solución administrativa que formó parte de los acuerdos pasados. Se trata del PRAME, el Programa de Retención y Atracción de Médicos Especialistas, que permitiría resolver el asunto salarial técnicamente, de la misma forma que el Presidente Chaves duplicó los salarios de los jerarcas al inicio de su administración. Para ello falta un criterio de la Procuraduría. A pesar de la poca paciencia de los médicos y de que hay tantos dispuestos a renunciar, lo cual obviamente sería un descalabro en la atención de los enfermos, el 81.5% de los consultados por el sindicato (937 en total) afirman estar dispuestos a esperar un poco más siempre que se les asegure con un acuerdo serio y formal que se resolverá su situación. Para hacer un diagnóstico del momento, conversamos con el vicepresidente del SINAME, Dr. Maikel Vargas.

Uruguay es la democracia más sólida y estable de América Latina, así signado por su evolución como una nación que observa rigurosamente sus reglas de convivencia y con una institucionalidad consolidada, tal y como lo señalan todos los índices que miden la protección de las libertades, la paz y la defensa de los Derechos Humanos. De acuerdo con el último informe de calidad democrática de ‘The Economist’ 2024, Uruguay -de 3.5 millones de habitantes- se destaca por tener un sistema de partidos fuerte que “evita la emergencia de líderes populistas y desviaciones autoritarias”. Es una de las pocas naciones que obtuvo un puntaje perfecto en su medición electoral y de pluralismo. Acorde con su praxis, el domingo pasado volvió a hacer gala de cultura política en la culminación de su proceso electoral que en segunda ronda (a la que asistieron prácticamente el 90% de los uruguayos a las urnas) se decantó por la alternancia en el ejercicio del poder. Con 49.8 % de los votos el Frente Amplio, una coalición progresista de izquierda moderada, obtuvo la victoria. Así que bajo el liderazgo de Yamandú Orsi y Carolina Cosse (los herederos políticos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica) gobernarán los próximos cinco años. El presidente electo resaltó en su discurso que el diálogo será la herramienta clave de su gobierno. El ejemplo uruguayo es impresionante. Apenas hace 40 años retornó a la democracia, luego de una dictadura cívico militar de 12 años que produjo guerra y violencia política. Sin embargo, tras esos oscuros episodios instauró su sistema democrático distribuyendo el poder, equilibrando gobernabilidad y eficiencia, construyendo partidos políticos estables, ayudando al sistema político con los criterios técnicos y consolidando la democracia directa con la representativa. Para conocer más de este proceso de evolución conversamos mañana con el ciudadano uruguayo costarricense, Claudio Ciccia y el politólogo, Federico Irizabal.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado así por las Naciones Unidas precisamente con el afán de generar conciencia y acciones contra este flagelo. Aquí en el país, una iniciativa en agosto pasado, logró recuperar y digitalizar la letra de 10 víctimas de femicidio y plasmarla en 12 proyectos relacionados con esta lucha e impulsar así mejoras necesarias respecto del marco de legislación vigente. De esas iniciativas, ya fue posible que dos se convirtieran en leyes de la República. Los proyectos abordan tres ejes principales de política pública: la seguridad para las mujeres, condiciones para su empoderamiento económico y la prevención de la violencia de género. Las 10 víctimas cuyas letras se utilizaron para estos 12 proyectos son Eva Morera, Marisol Estrada, Grettel Tatiana Téllez, María Fernanda Quesada, Natali Madriz, Wendoly Vargas, Karolay Serrano, Fernanda Sánchez, Raisha Ríos y María Tacsan. Al 13 de noviembre de 2024, según reportan datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, habían ocurrido 70 muertes violentas, de las cuales 21 habían sido determinadas ya como femicidios y 41 estaban pendientes de recibir esa clasificación. Para hacer repaso de cómo avanzan estos proyectos de ley y las acciones para atender la violencia de género conversamos con Rafaela Sánchez, experta en género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con la diputada Monserrat Ruíz que lidera esa lucha.