En EEUU, las deportaciones de migrantes durante el año fiscal 2024 alcanzaron niveles récords desde 2014. Superan incluso los años del primer mandato de Donald Trump que, sin embargo, ha acusado a los demócratas de ser débiles en la lucha contra la inmigración ilegal. ¿Cómo se explica el aumento de las deportaciones?

Con más de 271.000 migrantes deportados a su país de origen, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, que concluirá a principios de enero, alcanzó una cifra récord en una década, superando el pico de deportaciones de 2019 bajo el primer mandato de Donald Trump.

Un récord que se debe, según Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas en el Centro de análisis Washington Office on Latin America (WOLA), a una mayor cooperación de los países de donde proceden los migrantes.

"La mayoría de estos migrantes proceden de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Los países centroamericanos son los que han aceptado un mayor número de vuelos de deportación. Hay una voluntad de estos países de aceptar más gente y también en ese sentido, el Gobierno de Biden lleva mucho tiempo tratando de negociar con países que han sido más reticentes a aceptar a sus conciudadanos", explica a RFI. 

Donald Trump promete aumentar todavía más las deportaciones 

Para su segundo mandato, Donald Trump prometió la deportación más importante de la historia. Sin embargo, el presidente republicano se topará con varios obstáculos logísticos y legales, recalca Maureen Meyer.

"Actualmente no tiene los recursos necesarios para poder costear el número de deportaciones que quiere llevar a cabo porque se necesitan muchos más agentes, no hay espacio suficiente en los centros de retención para alojar a tantas personas antes de su regreso a su país, implica muchos fondos para financiar el lado logístico", explica Meyer. 

"No se sabe si se van a hacer redadas pero hay mucha implicación económica", y es que la mayoría de los  indocumentados trabajan en sectores muy importantes como la agricultura o la construcción. 

Si algunos estados conservadores como Texas cooperan con las deportaciones, otras entidades federales como California, Illinois o Maryland limitan la cooperación con Washington porque consideran que los inmigrantes, aunque indocumentados, ocupan empleos que desdeñan los estadounidenses.

RFI entrevistó al economista Camilo Tiscornia sobre el anuncio del FMI de que comenzó a negociar con Argentina un nuevo programa de ayuda financiera antes del fin del actual, que expira en diciembre. Tiscornia destaca que el país ha realizado un 'esfuerzo fiscal enorme', aunque aún persisten desafíos como el tipo de cambio y el impacto social de las medidas económicas. Un informe de Yesica Brumec.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia conversaciones con Argentina con vistas a un nuevo plan de ayuda. La portavoz del FMI, Julie Kozack, declaró este jueves que el organismo continúa colaborando de manera constructiva con las autoridades argentinas. El programa actual, de un total de 44.000 millones de dólares, expira a finales de diciembre y se había firmado en marzo de 2022, durante el gobierno anterior.

Según el economista Camilo Tiscornia, aunque aún no hay detalles sobre el nuevo acuerdo, el objetivo del anuncio es llevar tranquilidad a los mercados.

"Ya de por sí esto es una señal positiva para mostrarles a los mercados. Es como decirles: 'Miren, el Fondo Monetario Internacional está detrás nuestro [nos está apoyando], así que pueden confiar en nosotros'. Después habrá que ver el detalle fino de lo que se acuerda con el FMI', comenta Tiscornia.

La portavoz del organismo elogió el plan de ajuste macroeconómico que el presidente Javier Milei puso en marcha en su primer año de mandato y calificó sus resultados como impresionantes. Sin embargo, el economista explica que, aunque el programa se había renovado bajo el gobierno anterior, los requisitos del FMI no habían sido cumplidos.

"El gobierno actual ha hecho un ajuste fiscal enorme. Esto es parte de lo que el Fondo Monetario Internacional resalta. Ese ajuste ha permitido a Argentina bajar la inflación y que la economía volviera a crecer, según los últimos datos. En el pasado, el Fondo hizo la vista gorda. Esto, creo yo, fue un problema del Fondo. Pero el gobierno actual ha hecho muchas cosas, y por eso el cumplimiento del acuerdo viene muy bien. Es poco lo que no se ha cumplido. No es que el Fondo esté regalando elogios; el Gobierno ha hecho mucho para que se valore positivamente lo que se logró", subraya Tiscornia.

Para Camilo Tiscornia, la Argentina ha cumplido una parte de las exigencias, pero aún hay mucho por hacer.

"¿Qué queda pendiente de lo que el Fondo podría pedir? La duda sobre si el tipo de cambio en Argentina es adecuado, dado que el mercado de moneda extranjera no es libre. Existe lo que se llama el cepo, una serie de restricciones que el Fondo generalmente no avala. Ese es uno de los puntos más problemáticos en un posible acuerdo con el FMI".

Otra deuda pendiente, es que en Argentina la pobreza aumentó 11 puntos porcentuales durante la gestión de Milei y más de la mitad de la población vive bajo esa línea.

"Una de las primeras cosas que pide el Fondo es algún tipo de ajuste fiscal, lo que implica aumentar impuestos o reducir gastos. Dependiendo de cómo se implemente, esto puede tener impactos sociales. Además, cuando el FMI pide corregir el tipo de cambio, por ejemplo, mediante una devaluación, eso genera inflación, complicando aún más la situación de pobreza. Por lo general, este tipo de medidas, aunque buscan resolver desequilibrios económicos, tienen costos sociales altos y contribuyen a la mala imagen del Fondo". 

Según el economista, la situación económica continua hacia una estabilidad, las cifras de pobreza puedan bajar en los reportes del año que viene.

Human Rights Watch acusa a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, de investigar "por motivos políticos" al gobierno del presidente Bernardo Arévalo en vez de combatir la corrupción y el crimen organizado en el país.

La corrupción sigue estando muy presente en Guatemala. Así lo expresa Human Rights Watch, que acusa a la fiscal general de este país, Consuelo Porras, de perseguir al gobierno "por motivos políticos". Juanita Goebertus, abogada y directora para las Américas de esta ONG, explicó a RFI desde cuando comenzaron las investigaciones contra el actual presidente Bernardo Arévalo.

"La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, ha impulsado investigaciones penales que, en nuestra opinión, desde Human Rights Watch, realmente tienen motivos políticos en contra de varios miembros del Gobierno del Presidente Arévalo. Este es un patrón que hay que decirlo, inició luego de que Bernardo Arévalo fuera elegido Presidente en el proceso de transición antes de que se posesionara", comienza Goebertus.

"Gracias a la presión muy importante de la Unión Europea y Estados Unidos, que han sancionado a Consuelo Porras y a varias de las personas que trabajan directamente con ella, Arévalo pudo posesionarse", continúa.

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La representante de HRW detalló además las acciones de Porras: "En el tiempo reciente, que es lo que nosotros estamos reportando, el Ministerio Público inició por lo menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel del Gobierno y ha solicitado al menos seis veces a la Corte Suprema que se retire la inmunidad del Presidente Arévalo". 

La abogada nos informa que la fiscal general de Guatemala, es objeto de sanciones por parte de la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y de Estados Unidos por participación en hechos de corrupción.

Human Rights Watch se preocupa de las consecuencias que puede tener para los guatemaltecos el uso de la justicia con fines políticos: "El 2 de diciembre enviamos una carta a la fiscal y, sin embargo, a día de hoy no hemos recibido respuesta. Ante todo estamos mostrando que este uso de la justicia con fines políticos ha generado que el Ministerio Público desatienda sus funciones ordinarias y constitucionales".

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"Eso ha implicado que no avanzan investigaciones sobre corrupción -prosigue Goebertus-. Por ejemplo, Consuelo Porras, cerró investigaciones sobre presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Alejandro Giammattei. En agosto la Administración Tributaria interpuso una denuncia penal contra 410 empresas por una presunta evasión fiscal y lo que hizo el Ministerio Público, en vez de ahondar en esta investigación, fue a abrir una investigación en contra del director de la agencia, que era quien había presentado la denuncia, por lo tanto, desincentivando cualquiera de estas denuncias". 

Juanita Goebertus concluye alertando sobre los avances legales de la fiscal general en su intento de destituir al presidente y cómo ello puede ocurrir, si las instituciones internacionales no se activan para defender el Estado de derecho en Guatemala. 

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Este miércoles 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Se estima que más de 280 personas viven en un país distinto al de su nacimiento. En esta fecha RFI repasa la situación de los desplazados de Haití, país sumido en una crisis de violencia que ha provocado que muchos de ellos huyan a la vecina República Dominicana, donde no logran regularizar su situación y se enfrentan a maltratos y a deportaciones masivas.

Haití está sumergido desde hace varias décadas en una inestabilidad política crónica que ha provocado una grave crisis de seguridad. La situación de pobreza y la violencia empujan a los haitianos a abandonar el país, muchos eligen instalarse en República Dominicana. Se estima que hay entre 500 mil y 1 millón residiendo en el país vecino.

“La República Dominicana tiene un hermano siamés del cual no puede desprenderse porque comparten una isla. Entonces, lamentablemente, siendo Haití un país tan pobre, ahora golpeado por las bandas criminales, que son quienes tienen el dominio de esa nación, ellos continuamente están migrando hacia la República Dominicana y uno de los grandes problemas es que tenemos una cantidad extraordinaria de haitianos indocumentados ilegales en el país”, explica Luis Yépez Suncar, abogado, escritor y especialista en derecho constitucional. 

Con el tiempo este flujo migratorio constante se ha convertido en una carga para el país caribeño, por lo que el presidente, Luis Abinader, “tomó la decisión de que fueran deportados ilegales e indocumentados, porque el que está de manera regular en el país no tiene ningún problema. Lo que pasa con el pueblo es que ellos ni siquiera tienen en su propio país documentación que los identifique. Es decir, ellos no tienen siquiera un registro civil”, apunta el abogado Yepez Suncar.

A pesar que organizaciones de derechos humanos afirman que la política de inmigración de la República Dominicana es “racista y xenófoba” y que las expulsiones de los migrantes haitianos están plagadas de abusos y falta de garantías procesales, Paola Corniel, abogada migratoria consular dominicana, afirma que no todo el trato es negativo y pone algunos ejemplos como cuando las haitianas acuden a los hospitales para dar a luz. Asegura que son atendidas y “no son rechazadas en ese sentido”. También dice que hay oportunidades de empleo porque al visitar “Cap Cana, que es una de las zonas de más prestigio en la República Dominicana, me topé con la sorpresa de que muchas de las personas que trabajan dentro de esos hoteles y fuera son inmigrantes haitianos”. 

El presidente dominicano ha afirmado que continuará con su política de deportaciones masivas. Lo cierto es que la tensión entre migrantes y dominicanos sigue creciendo en la isla, avivando rencores y sentimientos nacionalistas exacerbados.

Dos ecuatorianas están entre los cuatro galardonados del concurso “Mostrar lo que viven”, coorganizado por RFI Planeta Radio y el Instituto francés de Investigaciones para el Desarrollo (IRD), en el marco del proyecto ePOP Pequeñas Ondas Participativas. Los premios se revelaron anoche.

El jueves 12 de diciembre se anunciaron los ganadores de la sexta edición del concurso de vídeo “Mostrar lo que viven”, coorganizado por RFI Planeta Radio y el IRD en el marco del proyecto ePOP - Petites Ondes Participatives. La ceremonia de entrega de premios fue transmitida en directo desde el estudio principal de RFI.

Cada año, el concurso ePOP invita a participantes de todo el mundo a utilizar sus smartphones para realizar un cortometraje de tres minutos sobre personas que se enfrentan a diario a las consecuencias del cambio climático y medioambiental. Este año se han producido centenares de películas procedentes de 36 países. 

Una historia "contada desde el corazón"

El jurado del concurso estaba compuesto por personalidades del mundo de la investigación, de organizaciones internacionales, medios de comunicación y cultura, comprometidas con la protección de las generaciones futuras. Se otorgaron cuatro premios: Gran Premio ePOP+, Gran Premio, Premio Jóvenes Directores y Premio RFI Club.

El Gran Premio 2024 fue atribuido a la ecuatoriana Karina Alexandra López Ruano por su film Muerte de un glaciar en el Carihuairazo. “Muchísimas gracias, estoy súper contenta. Estoy en el medio del bosque recibiendo la noticia. En verdad, no puedo creerlo aún”, reaccionó.

La joven ecuatoriana documentó la muerte de un glaciar del volcán Carihuairazo. “La primera vez que vine al Carihuairazo fue en el año 98. Entonces ahí sentí ese ‘cari’ que es el macho, ‘hauaira’ el viento y ‘razu’ la nieve, ese viento frío macho que ahora se siente un poquito también”, dice en el video Jimmy Jaime Romero, un hombre que ama las montañas y la voz de esta historia.

“Jimmy justo habita en las localidades cercanas al Carihuairazo, en San Juan. Él es andinista. Él llevaba a sus hijos a las montañas cada vez que podía. Es bastante cercano a las montañas. La historia es sensible y contada desde el corazón. Fue justamente porque fuimos con alguien que ama la montaña”, cuenta Karina Alexandra López Ruano.

"Se ha ido el glaciar"

Fue Jimmy quien llevó a la realizadora y a su compañero de equipo, Diego Mina, hacia el glaciar agonizante. “Esperábamos encontrar el glaciar que él había encontrado hace seis meses, aunque sea un poquito más pequeño. Y cuando llegamos ya no había nada. Y aparte, no sólo que ya no estaba el glaciar, sino que el lugar en el que encontramos la muerte del glaciar era calentito en realidad, y la laguna era mucho más grande. Entonces entendimos por qué ya no estaba el glaciar allí”, explica la joven.

La muerte de este glaciar, el primero de los siete que tiene Ecuador en derretirse, es una historia que nos conmueve y nos deja aterrados. “Estuve con mis tres hijos. Era su primera vez que se ponían crampones en el glaciar. Hoy, miércoles 3 de julio, ya no hay el glaciar. En verdad es un día triste. Y este pedacito, yo pensé que iba a estar aquí el glaciar. Y se ha ido el glaciar, se fue del Carihuairazo”, lamenta Jimmy.

Una segunda ecuatoriana fue premiada este 12 de diciembre con el Premio Jóvenes Directores: se trata de Katheryn Pamella Paucar Silva, con el film El triste destino de los quelonios.

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, exigió al gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro que conceda de forma "inmediata" salvoconductos para los seis opositores venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas.

Desde marzo, seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentran refugiados en la misión diplomática argentina acusados de terrorismo. Según el ministro argentino, se ven sometidos a cortes de agua, del suministro eléctrico, restricciones en la entrada de alimentos y la "constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática".

Marcelo Céspedes, abogado especialista en derecho internacional y profesor de la Universidad Católica Argentina, explica lo que estas acciones significan desde un marco legal.

Esto es una violación a convenciones internacionales de derecho internacional, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En estos tratados, que tanto Argentina como Venezuela han firmado, el estado receptor se obliga a garantizar la seguridad y la inviolabilidad de los locales o de las misiones consulares diplomáticas. Esto de cortar la electricidad, el agua, internet es una clara violación al derecho internacional.

Argentina ¿puede exigir salvoconductos para los refugiados?

El estado receptor no está obligado a entregar el salvoconducto, salvo que alguna Corte Internacional lo exija, pero aquí habría que discutir sobre la calificación del delito por el que se los persigue: una parte sostiene que son perseguidos políticos, y otra parte, Venezuela, dice que son terroristas, delincuentes, que no son perseguidos políticos. El asilo debe entregarse solamente cuando hablamos de delitos políticos, es decir, que se persigue a una persona porque piensa diferente.

El abogado termina advirtiendo que, si el gobierno venezolano decide no entregar los salvoconductos, los refugiados pueden quedarse incluso años en la sede diplomática argentina, como ocurrió con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres donde estuvo siete años. 

Hay otros casos, en los que se ha violado el derecho internacional y las autoridades han decidido entrar por la fuerza a detener a los asilados. Esto ya ocurrió el pasado mes de abril en la Embajada de México en Ecuador, cuando fuerzas policiales entraron a detener al ex presidente, Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.

El presidente argentino Javier Milei prometió "la motosierra profunda" en su primer año de gobierno. Cumplido el plazo, logró alcanzar ya una reducción de la inflación pero con un costo importante para los argentinos: la explosión del índice de pobreza.

Tras suceder al presidente peronista Alberto Fernández, el ultra libertario Javier Milei prometió pasar por el estado argentino la motosierra y así lo hizo. En un año ha suprimido la mitad de los ministerios existentes, despedido a 33.000 funcionarios y recortado el gasto público en un 28% respecto al año anterior. También ha recortado las pensiones, las prestaciones sociales y las subvenciones al transporte y la energía.

Omar Giuliani, secretario general de la Federación Nacional Territorial, central sindical autónoma, que comenta en entrevista con RFI cómo ha sido este año para los trabajadores: "La verdad es que es un año desastroso. Lo que ha sucedido es que siete de cada 10 niños y niñas en Argentina menores de 14 años son pobres.

"Ha aumentado la indigencia a niveles verdaderamente insospechables. Estamos hablando de indigentes, que son el 18% de la población en Argentina. Estamos ante una implementación de la política neoliberal, que han venido a hacer una gran fiesta para los grupos concentrados económicos en detrimento de la clase trabajadora, ya sea ocupada o desocupada", comenta el sindicalista.

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Sin embargo, el nivel de confianza respecto al polémico presidente se mantiene. Gastor Gerner, director de Índice de Confianza sobre el Gobierno en el Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia de la Universidad Torcuato di Tella en Argentina, nos explica este fenómeno. 

"Este gobierno ha tenido, como todos, una tendencia hacia la baja. Lo que tiene es que en comparación con otros primeros gobiernos, ese descenso no ha sido a tanta velocidad. Mantiene una cierta estabilidad marcada en que si bien hay reacciones a la baja, no han sido tan marcadas y tan significativas", aclara Gerner. 

"De hecho, en los últimos dos meses ha tenido ascenso respecto a los meses anteriores y los anteriores ha ido perdiendo algo de esa imagen. Creo que ahora lo que está haciendo es recuperar algunos espacios de confianza que había perdido. Eso hace a que toda la valoración de estos doce meses sea una valoración con cierta estabilidad", concluye.  

Un sector de los argentinos celebran la estabilización de ciertas variables macroeconómicas y otros critican y sufren el impacto social de estas políticas que aumentan la pobreza. Así, la división y la polarización en Argentina siguen estando muy presentes. 

La ONU estima que ya son más de 5.000 las personas asesinadas en Haití desde que arrancase el año 2024. La última masacre, ocurrida el pasado fin de semana donde murieron al menos 184 personas, se convierte en una cifra más para la trágica estadística en un país donde la masa social se ha rendido ante el poder que ejercen las pandillas frente a un gobierno interino incapaz de restaurar la estabilidad. 

El gobierno de Haití prometió este lunes detener a los pandilleros que, según un balance de la ONU, mataron a al menos 184 personas durante el fin de semana en un barrio de Puerto Príncipe. "Estos últimos fallecidos llevan el balance de muertos en Haití este año al número descomunal de 5.000 personas", precisó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una rueda de prensa en Ginebra en alusión a las víctimas de la violencia pandillera.

“Cada vez las bandas se están fortaleciendo”

“Lo triste es que actualmente, es como si la gente estuviera tristemente acostumbrada a este desastre. Y lo peor que puede pasar a un país, es que la gente se acostumbre a esta situación porque repentinamente tenemos 184, pero si pensamos en Pont-Sondé en el inicio de noviembre, si pensamos en Solino hace menos de dos semanas, y ahora lo que acaba de pasar en Cité Soleil, son acciones repetidas, o sea, es algo inconcebible de otro nivel ahora que está pasando en el país. Y lo triste es que cada vez las bandas se están fortaleciendo frente a la policía”, explica el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre.

El país se encuentra sumido en una grave crisis política y de inseguridad. Y no se encuentran evidencias de que se pueda frenar este contexto. “Cierto, porque los representantes del ‘Estado’ entre comillas, porque venimos diciendo desde 2019 que no existe Estado en Haití, no tienen absolutamente nada de credibilidad. Sin embargo, cuando se fue en abril el primer ministro Ariel Henry, el Consejo Presidencial de Transición gozaba de cierta credibilidad, pero ahora está envuelto en un escándalo de corrupción y eso hace que el Consejo haya perdido toda la credibilidad”, analiza Joseph Harold Pierre. 

Apostar por una intervención de la comunidad internacional

“Y ahora no hay ninguna luz al final del túnel. No se sabe lo que va a pasar”, enfatiza. “¿Qué es lo que creo yo? Sigo apostando por una intervención fuerte, importante de la comunidad internacional para acabar con las bandas y de ahí yo creo que existe la posibilidad de que emerja un nuevo liderazgo político en Haití. Es la única solución a mediano plazo, porque si va a haber una intervención militar internacional, eso va a tomar mínimo seis meses para que la misión llegue a Haití. O sea, en el mejor de los casos, estaremos igual para seis u ocho meses más”, concluye el politólogo. 

Según la ONG haitiana Comité por la Paz y el Desarrollo, la mayoría de las personas asesinadas el pasado fin de semana tenían más de 60 años, pero entre las víctimas también había jóvenes que intentaron intervenir. La incesante violencia ha desplazado a más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, en todo el país, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. 

RFI entrevistó a Alejandro Morales, abogado de los trabajadores abacaleros ecuatorianos, a quienes la empresa Furukawa, de capital japonés, mantuvo en condiciones de esclavitud conocidas como 'servidumbre de la gleba'. Esta sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador constituye, según él, un 'avance único en materia de derechos no solo para Ecuador sino también para la región' 

La Corte Constitucional de Ecuador declaró que la empresa Furukawa mantuvo en condiciones de esclavitud a trabajadores y ordenó el pago de 120.000 dólares a cada víctima de la práctica conocida como servidumbre de la gleba. La empresa de capital japonés llegó a Ecuador en 1963 para cultivar, producir y procesar abacá, una fibra muy resistente utilizada en la industria textil.

Alejandro Morales, abogado de los trabajadores abacaleros víctimas de esta empresa, explica cómo se obtuvo este dictamen histórico:

"Se ganó mediante una sentencia en primera instancia. Ahí se establecieron unas medidas de reparación integral. La decisión fue apelada por la empresa y el caso llegó a la Corte Provincial de Santo Domingo, donde tiene su domicilio esa empresa. Ahí modificaron la sentencia a favor de Furukawa. También excluyeron de responsabilidad a las instituciones del Estado. Es así que la Corte Constitucional, como máximo órgano, seleccionó esta sentencia para desarrollar jurisprudencia vinculante. Esto significa dictar reglas jurisprudenciales que puedan servir como aplicación obligatoria en casos análogos futuros y también dar una resolución definitiva al caso de las abacaleras y los abacaleros de la empresa", sostiene Morales.

120.000 dólares a cada una de las 342 víctimas

Los magistrados de la Corte Constitucional dispusieron que Furukawa pague una indemnización de aproximadamente 120.000 dólares a cada una de las 342 víctimas. Sin embargo, el fallo también abarca otros aspectos de reparación que van más allá de lo económico, explica también el abogado de las víctimas. Por eso, esta sentencia, según Morales, es "tan especial y única, no solo en Ecuador sino en la región".

"La Corte Constitucional no solo ha declarado, sino que ha puesto en evidencia que, en el Ecuador, en el contexto de la agroindustria, existen prácticas análogas a la esclavitud. Este reconocimiento es un avance único en materia de derechos, ya que la Corte Constitucional, al evidenciar la existencia de estas formas análogas a la esclavitud, específicamente a la servidumbre de la gleba, también señala las razones de por qué esto se produce, cuáles son aquellas circunstancias que pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad [de los trabajadores], tornándolos cada día más vulnerables para [de esta manera] poder aprovecharse de su trabajo. Es determinante que la mayor parte de los trabajadores son afrodescendientes. Entonces, lo que dice la Corte es que el motivo para que existan estas formas análogas a la esclavitud prácticamente es que existe un racismo estructural en el Ecuador", anota.

El abogado Alejandro Morales concluye explicando que esta sentencia "también declara responsable al Estado ecuatoriano debido a que no adoptó medidas de prevención y protección adecuadas, por lo que ahora deberá pedir disculpas públicas y, a su vez, crear nuevas políticas públicas que protejan mejor a los trabajadores".

Cobrar arancel a los estudiantes extranjeros. La noticia causó polémica en Argentina, donde está muy arraigado el hecho de que las casas de altos estudios públicas no cobren arancel a sus alumnos. El porcentaje total de extranjeros estudiando grado y pregrado en las universidades públicas es menor al 4%. 

“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”: así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentando fundamentalmente que esto representaría una fuente de financiamiento para esas casas de estudio.

“Siempre fue un derecho garantizado”

En la Universidad de Buenos Aires, la UBA, más del 20% de los estudiantes son extranjeros. ¿Qué piensan los estudiantes de que eventualmente sean las carreras de las universidades nacionales aranceladas para estudiantes extranjeros? 

“Estoy en contra de que les quieran cobrar porque son extranjeros nomás”, nos dijo Delfina, estudiante de cuarto año de medicina. A lo que Carolina, estudiante brasileña de la misma carrera, respondió: “Siempre fue un derecho garantizado, nosotros, la mayoría de los que estudiamos acá somos residentes. No sé, medio raro…”.

“Desviar la atención de la cuestión fundamental”

En ese sentido, Xavier Pérez, secretario general de la Facultad de Ingeniería de la UBA, explicó que la medida difundida por el Gobierno no podría realmente implementarse. Y que el anuncio tiene, para él, otro objetivo.

“Los extranjeros no residentes, si bien pueden anotarse a cursar en la UBA, tienen la obligación de regularizar su situación y ser residentes antes de pasar a segundo año. Es por eso que el supuesto anuncio del vocero, en el que confunde extranjeros residentes con no residentes, no busca resolver ninguno de los problemas reales de las universidades, sino desviar la atención de la cuestión fundamental, que es la pérdida de poder adquisitivo brutal que sufrieron los trabajadores de las universidades desde diciembre de 2023 hasta esta parte”.

En cualquier caso, si el gobierno decidiera buscar mecanismos para arancelar las carreras de grado para extranjeros, tendría que salvar un complejo laberinto legal y tal vez, terminaría encerrado en un callejón de inconstitucionalidad.

Alabado y criticado, el acuerdo tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea parece entrar en su recta final, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre del Mercosur en Montevideo, y su satisfacción tras reunirse con Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo y pro tempore de Mercosur. El canciller uruguayo Omar Paganini aseguró igualmente que esperan dar una buena noticia este viernes. 

El tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea tiene sus apoyos y sus detractores. Crearía una zona de comercio de 700 millones de personas, pero algunos críticos estiman que ciertos sectores, como el agrícola francés, saldrían perdiendo.  

“El contexto invita a hacerlo”

Leonardo Veiga, director del área de Comercio del Ministerio de Industria uruguayo y participante en las negociaciones, cree que pese al precio que algunos sectores deberán pagar, es necesario para ambas partes, ante la reorganización comercial mundial, con países que apuntan a un mayor proteccionismo como Estados Unidos, y otros que aumentan su expansión como China.

“Evidentemente que va a haber dolores por ambos lados. Hay sectores que van a tener oportunidades y hay otros que van a tener desafíos. Las razones por las cuales soy optimista es que el contexto invita a todas las partes a hacerlo, sobre todo a partir de la asunción de Trump en Estados Unidos, todo el mundo ha reordenado sus estrategias”, explica Leonardo Veiga. 

“Han salido, por ejemplo, noticias de que China, frente a la amenaza de aumentar aranceles por parte de Trump, anunciaría que eliminaría el arancel para las exportaciones hacia China de todos los países subdesarrollados. China, a su vez, en toda esta región, está teniendo una estrategia muy, muy agresiva. Entonces todo el mundo tiene que ir preparándose para el nuevo contexto, y Europa en ese sentido no puede ignorar el mercado de América del Sur”, precisa. 

“No es un problema europeo en su conjunto”

Leonardo Veiga desestima además soluciones como la propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron, que apuesta por acuerdos individuales de la Unión Europea con los países latinoamericanos, y no con el bloque completo del Mercosur. 

“El problema lo tiene Europa, y no lo va a resolver porque en vez de ser cuatro sean uno más uno más uno más uno. Al día de hoy, la resistencia a la firma del tratado está por parte de Francia, Polonia e Italia, pero básicamente, digamos, de los grupos activos del sector agropecuario. Pero no es un problema europeo en su conjunto”. 

“Europa se enfrenta desde hace un tiempo a una situación en la cual tiene que tomar medidas dolorosas porque si no, se va a quedar atrás. Uno no puede simplemente seguir una estrategia de como la realidad no me gusta, entonces freno por aquí, freno por allá”, concluye el especialista.