Amy Goodman y Denis Moynihan Este mes se cumple el 70 aniversario del arresto de Rosa Parks por negarse a cederle su asiento a un hombre blanco en un autobús de la ciudad de Montgomery, en el estado de Alabama. El valiente acto de Parks desencadenó el histórico boicot de autobuses en Montgomery —una protesta contra la política de segregación racial en el sistema de transporte público de esa ciudad—, impulsó la trayectoria de un joven predicador llamado Martin Luther King Jr. y cambió el curso de la historia. Acontecimientos tan notables como ese boicot se celebran hace mucho tiempo en Estados Unidos como momentos trascendentales en la lucha por los derechos civiles que están impregnados en el tejido social y en la vida cívica del país. El presidente Donald Trump y sus colaboradores del movimiento MAGA buscan borrar esta historia al desmontar símbolos de avances obtenidos con enorme esfuerzo y tergiversar la historia estadounidense a favor de la raza blanca para ajustarla a su agenda nacionalista y cristiana. Un ejemplo de ello son los cambios recientes en la lista de días en los que Servicio de Parques Nacionales no cobra tarifa de entrada a sus parques. El cumpleaños de Martin Luther King Jr. y la celebración conocida como “Juneteenth”, o Día de la Liberación, han sido retirados de la lista, a la que se ha incorporado el día del cumpleaños de Trump. Se suprimieron así de la lista de ingreso gratuito a los parques los únicos dos feriados federales que honran la historia negra de Estados Unidos que es, en esencia, la historia del país. Otros ejemplos de la campaña que Trump y sus aliados están llevando adelante incluyen la restauración de monumentos de la Confederación derribados durante las protestas por la justicia racial que estallaron en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, así como la reversión del cambio de nombre de bases militares que ostentaban denominaciones en honor a oficiales de la Confederación. “Se terminó la basura 'woke'”, ha dicho al respecto el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La campaña de discriminación e invisibilización impulsada por Trump no se limita a temas relacionados con la raza. A pocas semanas de su asunción como presidente, el Servicio de Parques Nacionales eliminó la letra “T” —que hace referencia a las personas trans— de todas las menciones de la sigla “LGBT” que aparecen en el sitio web del Monumento Nacional Stonewall. El activismo transgénero tuvo un papel protagónico en la histórica rebelión de Stonewall, reconocida como punto de partida del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+. El levantamiento ocurrió en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en los alrededores del Stonewall Inn, un bar para personas de diversas orientaciones sexuales y de género que fue atacado por la policía de la ciudad de Nueva York el 28 de junio de 1969. En los últimos años, Trump ha incitado a una transfobia feroz como parte de una estrategia destinada a canalizar ese odio para obtener poder político. La festividad de “Juneteenth” o Día de la Liberación, que se celebra el 19 de junio, conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, el mayor general Gordon Granger, del Ejército de la Unión, ordenó la emancipación de las personas esclavizadas en el estado de Texas. El Día de la Liberación es considerado la festividad afroestadounidense que lleva más tiempo celebrándose de forma ininterrumpida y es el feriado federal de creación más reciente. Lograr que el cumpleaños de Martin Luther King Jr. se convirtiera en un día festivo llevó varias décadas de lucha. Se celebró por primera vez como feriado federal en 1986, pero muchos estados se resistieron a implementarlo, entre ellos Carolina del Sur, que fue el último en hacerlo y no lo incorporó hasta 2020. Hasta el día de hoy, Alabama y Misisipi celebran de forma oficial el día festivo como una conmemoración conjunta del cumpleaños de Martin Luther King y del general confederado Robert E. Lee. Eliminar el Día de Martin Luther King y el “Juneteenth” de los días de acceso gratuito a los parques nacionales de Estados Unidos no es un gesto trivial. Expresa un racismo y una intolerancia que el propio Gobierno promueve y legitima, que se originan en el Despacho Oval y se irradian por todo el aparato estatal, los medios de comunicación y la sociedad en general. En su libro “La vida rebelde de la señora Rosa Parks”, la profesora Jeanne Theoharis escribe que la activista no permaneció sentada en aquel autobús porque volvía cansada de su trabajo como costurera. Rosa Parks era secretaria de la delegación en Montgomery de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y había recibido capacitación para la resistencia no violenta en el renombrado Centro Highlander de Tennessee, que era frecuentado por personas como Martin Luther King y el activista y cantante de música folk Pete Seeger como parte de su trabajo para la construcción de un movimiento por la justicia racial y económica. Rosa Parks tampoco fue la primera. A principios del mismo año, Claudette Colvin, de 15 años, también fue arrestada en Montgomery por negarse a ceder su asiento del autobús a una mujer blanca. Décadas después, durante una entrevista con Democracy Now!, Colvin recordó aquel día: “No podía moverme, porque la historia me había pegado al asiento […]. Porque sentía como si las manos de Sojourner Truth me estuvieran presionando un hombro y las manos de Harriet Tubman me estuvieran presionando el otro, y no podía moverme”. La historia importa. La historia inspira. Donald Trump lo sabe y está intentando purgar de la historia las luchas progresistas, libradas por las comunidades de color y otros grupos marginados. Mientras tanto, avances clave que tardaron décadas, incluso siglos, en lograrse, están siendo desmantelados a toda velocidad. La Corte Suprema de Estados Unidos está promoviendo sin disimulo la agenda del movimiento MAGA, con decisiones como la reciente aprobación de un mapa congresual de Texas que fue manipulado para restar representación a las comunidades de color y que contraviene claramente la Ley de Derecho al Voto de 1965. Ni la Constitución ni los precedentes legales parecen interponerse en el camino de la mayoría derechista del alto tribunal estadounidense, que continúa aprobando, una tras otra, las medidas dañinas promovidas por Trump. “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”, decía a menudo Martin Luther King. En la carta titulada “Carta desde la cárcel de Birmingham”, King criticó no solo “las palabras y acciones odiosas de las personas malas, sino también […] el espantoso silencio de las personas buenas”. El autoritarismo cobra fuerza, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, alimentado por demagogos como Trump. No queda otra opción que resistir. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected] Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Amy Goodman y Denis Moynihan El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegura que él no tuvo nada que ver con la muerte de dos personas que se estaban aferrando a los restos de su embarcación tras sobrevivir a un ataque con misiles que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el 2 de septiembre en el mar Caribe. Un primer bombardeo había matado a la mayoría de las once personas que iban a bordo de la embarcación. El periódico The Washington Post, citando varias fuentes no identificadas, informó que dos personas sobrevivieron y que el oficial a cargo de la operación ordenó un segundo ataque para cumplir con la directiva de Hegseth de “matar a todos”. Expertos legales y militares han considerado que estas acciones, así como al menos otros 20 ataques letales posteriores contra diversas embarcaciones, constituyen crímenes de guerra. El presidente Donald Trump ha afirmado, sin aportar pruebas, que las personas atacadas eran narcotraficantes y, por ende, “terroristas” con quienes Estados Unidos está en guerra. David Cole, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, dijo a Democracy Now!: “Toda esta operación, desde su inicio, es ilegal. No es legal dirigir ataques de forma premeditada contra personas solo porque se presume que están involucradas en actividades delictivas. […] Además se está atacando a quienes logran sobrevivir a estos bombardeos, personas que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos, que simplemente intentan luchar por sus vidas y a quienes las fuerzas armadas [estadounidenses] atacan y matan a sangre fría”. El periodista del portal The Intercept Nick Turse fue el primero en informar, una semana después del ataque, sobre la muerte de los dos sobrevivientes en el segundo bombardeo. En su artículo, Turse escribió: “Un alto funcionario del Pentágono […] afirmó que el bombardeo [de la embarcación] en el Caribe fue un ataque criminal contra civiles y que el Gobierno de Trump allanó el camino para realizarlo al destituir a los principales asesores jurídicos del Ejército y la Fuerza Aérea a comienzos de este año”. Durante una entrevista que mantuvo el 3 de septiembre con el programa de televisión Fox & Friends, Hegseth presumió del ataque: “Sabíamos exactamente quiénes estaban en esa embarcación. Sabíamos exactamente lo que estaban haciendo”. El artículo publicado por The Washington Post provocó inquietud en el Congreso, tanto en filas demócratas como republicanas, y dio pie a investigaciones para determinar si los ataques constituyen crímenes de guerra. El domingo, ante la pregunta de un periodista sobre el bombardeo del 2 de septiembre, Trump respondió: “No hubiera querido eso, no hubiera querido [que se efectuara] un segundo ataque”. Hegseth pareció haber recibido el mensaje. En una reunión de gabinete celebrada el 2 de diciembre, sentado junto a Trump, el secretario de Defensa afirmó: “Vi ese primer ataque en vivo. Como pueden imaginar, en el Departamento de Guerra tenemos muchas cosas que hacer. Así que no me quedé [hasta el final]”. Hegseth sostuvo que la decisión de matar a los sobrevivientes provino del oficial al mando de la operación, el almirante Frank “Mitch” Bradley. En declaraciones que brindó a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump agregó más detalles sobre su política de atacar embarcaciones: “Solo miren las cifras. […] Cada una de estas embarcaciones es responsable, en promedio, de la muerte de 25.000 estadounidenses”. Al igual que con todos los aspectos de esta política asesina, Trump no presentó pruebas que respaldaran ese cálculo. Se sabe muy poco sobre estas embarcaciones; no está claro si participan en actividades delictivas o si se trata de barcos de pesca o de otro tipo. Las autoridades de República Dominicana informaron que se recuperó una tonelada, o 1.000 kilogramos, de cocaína de los restos de uno de los barcos bombardeados por Estados Unidos. Esa cantidad, si es correcta, pone de manifiesto la hipocresía de las políticas impulsadas por Trump. El mandatario estadounidense acaba de conceder el indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico de cocaína a 46 años de prisión en Estados Unidos. Hernández, que apenas había cumplido algo más de un año de su condena, fue declarado culpable en 2024 de ingresar ilegalmente a Estados Unidos nada menos que 400 toneladas de cocaína. Esa cantidad alcanzaría para llenar más de 400 de los supuestos barcos “narcotraficantes” que Trump y Hegseth han estado bombardeando. Según la lógica matemática de Trump, el voluminoso contrabando de cocaína de Hernández habría causado la muerte de más de diez millones de estadounidenses. Entonces, ¿por qué indultar a una persona condenada por un delito tan grave? Trump anunció el indulto pocos días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, que se llevaron a cabo el domingo 30 de noviembre, y antes de que Hernández fuera liberado de prisión, algo que finalmente sucedió el lunes, Trump expresó su apoyo a Nasry Asfura, el candidato presidencial del partido de derecha al que pertenece Hernández, con la intención de sumar otro líder latinoamericano afín. Hasta este jueves, con el 80% de los votos escrutados, el candidato centrista Salvador Nasralla superaba a Asfura. Trump, al ver a su candidato favorito en desventaja, afirmó que las autoridades electorales de Honduras estaban intentando manipular los resultados. Mientras tanto, en el Caribe se registra el mayor despliegue militar estadounidense en el hemisferio occidental desde la llamada “Crisis de los misiles de Cuba”, al tiempo que Trump intensifica sus amenazas contra Venezuela. El mandatario estadounidense ha vuelto a recurrir al pretexto del narcotráfico; acusó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de cocaína y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su arresto o condena. Trump declaró recientemente que los ataques en territorio venezolano comenzarán “muy pronto”. En respuesta, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses —entre ellos el demócrata Tim Kaine, del estado de Virginia, y el republicano Rand Paul, del estado de Kentucky— presentaron la Resolución Conjunta 98 del Senado, que busca impedir que Estados Unidos emprenda acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso. Mientras tanto, la familia de Alejandro Carranza Medina ha presentado una denuncia formal contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se alega que las fuerzas armadas estadounidenses lo mataron ilegalmente en su embarcación durante un ataque ocurrido el 15 de septiembre. El 2 de diciembre, Hegseth alardeó: “Apenas hemos comenzado a atacar narcoembarcaciones y a enviar narcoterroristas al fondo del océano”. Esperemos que también comience pronto una investigación por crímenes de guerra contra Hegseth. © 2025 Amy Goodman Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected] Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Watch/Listen/Read in English El presidente Trump ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue liberado tras permanecer en prisión en Estados Unidos por traficar cientos de toneladas de cocaína al país. En 2024, un tribunal de Nueva York declaró culpable a Hernández de tráfico de drogas y armas y lo condenó a 45 años de cárcel. “La evidencia presentada por el [tribunal del] Distrito Sur de Nueva York fue abrumadora”, señala Dana Frank, profesora emérita de Historia en la Universidad de California en Santa Cruz con una larga trayectoria como analista de la política hondureña. El viernes 28 de noviembre, además de anunciar que indultaría a Hernández, Trump también amenazó con cortar el financiamiento para Honduras si el candidato conservador al que apoya no ganaba las elecciones presidenciales del domingo 30. “Fue casi una amenaza para Honduras de que si no hacemos lo que él exige […] tomará medidas en represalia contra Honduras”, dice Rodolfo Pastor, exsecretario de la Presidencia de Xiomara Castro en Honduras.