Watch/Listen/Read in English Hace diez años, Estados Unidos aprobó para Puerto Rico la llamada ley PROMESA para reestructurar la deuda de este territorio estadounidense a través de una junta supervisora, no elegida democráticamente, conocida popularmente como “la Junta”, que mantiene hasta el día de hoy una amplia autoridad para determinar la política fiscal y pública. “En estos diez años se han destinado cientos de millones de dólares de fondos públicos de puertorriqueños, que pudiesen utilizarse en muchísimas cosas. Estoy seguro que las necesidades son muchas que pudieran usar esos recursos, sin embargo, se han destinado para la operación de la Junta y para el pago de asesores y abogados que han estado trabajando en los casos de quiebra que se han llevado bajo la ley PROMESA”, señala el periodista de investigación puertorriqueño Luis Valentín.

Watch/Listen/Read in English Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo que le permite obtener un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela. Hace nueve meses, el ejército estadounidense llevó a cabo un operativo en Caracas en el que capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Hace dos meses, el periódico The New York Times reveló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se había convertido en el virrey de facto de Venezuela, al controlar efectivamente las finanzas, la distribución de los recursos naturales y el Gobierno del país. El acuerdo petrolero recién firmado otorga al Departamento de Defensa de Estados Unidos una participación del 35% en una empresa privada estadounidense-venezolana que actualmente tiene contratos de arrendamiento a 100 años en 17 campos petroleros. Estados Unidos también obtiene el derecho de comprar a precio de costo parte del petróleo producido, un gran triunfo para el Gobierno de Trump, que está viendo cómo la guerra contra Irán agota las reservas estratégicas de petróleo del país. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma que la inversión estadounidense en la industria petrolera de Venezuela impulsará la frágil economía del país, pero quienes se oponen al acuerdo, como nuestro invitado, el economista venezolano Francisco Rodríguez, señalan que “no solo los beneficios de este acuerdo para Venezuela verdaderamente son cuestionables” sino que también podría constituir una violación a la Constitución venezolana. “Todo esto se está dando bajo términos muy oscuros, sin que haya habido licitación, sin que haya habido un proceso transparente”, añade Rodríguez, quien ha sido director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Venezuela y ahora es profesor en la Universidad de Denver. “Es muy difícil imaginarse que un acuerdo como este habría sido firmado por un Gobierno venezolano de no ser por la coerción que ha estado ejerciendo el Gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela desde que invadió el país a principios de año”.